Lo que está en juego en las negociaciones con Estados Unidos: la dignidad humana

INTERNACIONAL,6 DE JUNIO.-
México siempre ha negociado con Estados Unidos desde una posición de debilidad por el simple hecho de que depende económica y políticamente mucho más de ese país de lo que el territorio estadounidense depende de México. La amenaza de imponer aranceles para productos mexicanos sin duda es costosa para Washington, como lo han expresado empresarios y legisladores republicanos que se oponen a las medidas de Trump. Sin duda, esto implica un riesgo económico mucho mayor para México.

Esta asimetría ha determinado históricamente la estrategia de México frente a Estados Unidos en el tema migratorio: desvincular la agenda migratoria de otros asuntos prioritarios en la relación bilateral, principalmente el tema comercial. Ambos países han aceptado separar estos asuntos para evitar que se contaminen y así poder avanzar en la integración económica.

La llegada de Trump al poder ha desestabilizado este acuerdo tácito al poner sobre la mesa la condición de que México controle sus fronteras a cambio de mantener el statu quo de la relación comercial. Las amenazas de anular el nuevo tratado comercial norteamericano (T-MEC), renegociarlo bajo términos costosos para México, cerrar la frontera y la imposición de aranceles, han sido una constante en la estrategia de Trump para presionar a México sobre la expansión del muro en la frontera norte, el control de la frontera sur y la contención de los flujos migratorios desde Centroamérica.

A diferencia del Gobierno de Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obradorha optado por una estrategia de minimizar la confrontación. Esto implica concesiones como aceptar que Estados Unidos regrese a México a las personas que esperan una audiencia ante las cortes estadounidenses para determinar el resultado de sus peticiones de asilo. Aunque el “Quédate en México” no es un acuerdo formal, ni llega hasta el extremo de establecer a México de facto como un tercer país seguro, es un intento de apaciguar a Trump y mantener un equilibrio frágil en la relación.

El anuncio del Plan de Desarrollo con Centroamérica planteado por la CEPAL y el Gobierno de México claramente también ha sido parte de la estrategia para aplacar a Trump. Pero ha quedado muy claro que es limitada y que la respuesta a la migración no puede estar solo enfocada en un proyecto de desarrollo cuyo financiamiento es incierto (sobre todo sin la participación de Estados Unidos) y cuyos resultados solo se verán en un par de años.

El Gobierno de López Obrador no ha planteado un proyecto migratorio integral con la infraestructura necesaria para responder a las necesidades urgentes de las personas que cruzan por el país o solicitan asilo, ni a los mexicanos que enfrentan las consecuencias de las políticas de control estadounidense, ya sea dentro de Estados Unidos o como personas retornadas o deportadas en México.

No es congruente presentar una estrategia que ofrece control de fronteras, seguridad, protección y acogida a los solicitantes de asilo en México cuando el escaso presupuesto de la Comisión de Ayuda a Refugiados, se redujo 20%. No es congruente presentar como logro ante Estados Unidos los datos sobre el aumento de detenciones y deportaciones por parte del Gobierno de México en la frontera sur y a la vez prometer una política “humanista” sin que se inviertan los recursos para reformar el Instituto Nacional de Migración, combatir la corrupción de sus autoridades y crear alternativas a la detención y a la deportación, incluyendo albergues, visas humanitarias y programas de trabajo temporal. Los representantes de estas instituciones ni siquiera son parte del equipo negociador de México en Washington, que va a proponer un acuerdo sobre los temas que les competen. Esto es un reflejo de la falta de coordinación interinstitucional y la ausencia de una visión integral sobre el tema.

Abrumado por la coyuntura, el Gobierno de México tampoco ha puesto el énfasis necesario en la protección y el fortalecimiento de la participación política de las personas migrantes y sus organizaciones en Estados Unidos. Solo así podrán imponer costos políticos a Trump y a los legisladores que tienen la capacidad de vetar sus iniciativas.

La política exterior de México también ha apostado por un fortalecimiento de los mecanismos multilaterales para compensar su debilidad frente a Estados Unidos. En el escenario internacional, México ha destacado por ser uno de los países más activos en la promoción de acuerdos multilaterales para promover la cooperación en temas migratorios, incluyendo los Pactos Mundiales sobre Migración y Refugiados firmados el año pasado. Sin embargo, en el contexto actual no ha sabido aprovechar estos espacios para crear contrapesos para robustecer su postura frente a Trump o para apoyar sus políticas internas (incluyendo la recepción de personas que necesitan protección de ACNUR y los proyectos de desarrollo que se han planteado). Tampoco se han apoyado en aliados dentro del G20 o incluso en Canadá—el tercer socio comercial de la región que siempre queda fuera de la discusión, a pesar de su participación en proyectos extractivistas implicados en las causas de la emigración y el desplazamiento interno en Centroamérica y México.

La realidad de la política migratoria que México ha puesto en práctica está muy lejos de los ideales planteados por López Obrador. En gran parte porque sigue respondiendo a la imposible ecuación de contener a Trump sin afectar otros intereses.

Por encima del nacionalismo en el que se enarbola el discurso de que el límite de las negociaciones es la dignidad de México, debe estar la dignidad de las personas. Una política migratoria que siga dando prioridad al control migratorio y que esté determinada por los vaivenes del Gobierno de EE UU, no cumple con este principio básico y mantiene a México en esa misma posición débil y aislada desde la cual es imposible negociar acuerdos para la movilidad laboral, la protección humanitaria y el desarrollo económico.