Autos 'chocolates' no son prioridad para el Gobierno de Navojoa

Navojoa, Sonora a 22 de mayo.- A pesar de que las cifras de vehículos importados del extranjero se incrementan día con día en la región, así como la urgente necesidad de un proceso de regulación, este problema no es una prioridad para las autoridades de los gobiernos municipales del sur de Sonora.

El incremento a 25 mil vehículos con placas irregulares, circulando en esta zona de la entidad, y la negligencia de parte de autoridades para no impulsar la realización de un padrón de vehículos ‘chocolate’, contrasta con la necesidad de organismos a nivel estatal y federal que buscan su regularización para brindar un cobijo de seguridad a aquellos usuarios de vehículos que no cuentan con recursos para adquirir uno nacional.

La postura del municipio

Luego de que la alcaldesa de Navojoa, María del Rosario Quintero Borbón, fuera cuestionada sobre las acciones de gobiernos como el de Sinaloa que ejercen sobre el tema, donde, en ciertos municipios se ha impulsado un padrón para fines de registro de vehículos de procedencia extranjera.

Es común ver en la ciudad vehículos con placas viejas

La munícipe aseguró que el tema no se descarta porque existen estos precedentes, pero que es necesario analizar la situación adecuadamente para dar el salto a buscar el registro de los automóviles en cuestión.

El registro puede ser una buena opción, ya que hemos visto que otros municipios de Sinaloa lo han hecho, pero no está de manera inmediata”, manifestó.

Comentó que desconoce los procesos y solicitudes que sean necesarios realizar por el Ayuntamiento a instancias como la Secretaría de Hacienda del Estado u otras organizaciones que regulan los vehículos ‘pafas’.

Los recursos a futuro

La alcaldesa explicó que los recursos que se pudieran obtener a través de la realización de este padrón representarían una buena inversión en infraestructura para el municipio, pero afirmó que es necesario actuar con cautela en el tema, ya que no existe un precedente en el Estado sobre estas acciones.

Declaró que, en el caso de municipios como Nogales, que extendió en estas semanas la verificación de estos automóviles, es necesario tomar nota de cómo se lleva a cabo el proceso.

En el caso de Nogales, pues al ser frontera, tiene un asunto serio con la importación de estos carros, y sabemos que aquí también hay bastantes, por lo que esperaremos a ver cómo se desenvuelve el tema.

El panorama

Por su parte, Fidel Lugo Ayala, presidente de la Organización Sirviendo al Patrimonio Familiar (Sipafa), manifestó que en este municipio existe un padrón de 25 mil vehículos importados bajo su registro.

Destacó que estas cifras incrementan año con año, ya que estiman la llegada de más de 7 millones de vehículos al país desde 2012, mismos que, en su mayoría, permanecen en ciudades y Estados fronterizos, debido a la incapacidad de transitar a través de carreteras federales fuera del Estado donde son importados.

No desestimó la nacionalización de estos vehículos debido a la consigna del Gobierno Federal de dar una solución consistente a este tema, por lo que aseveró que su organización, a la par de Onappafa, Odepafa y otros servicios de registro y protección de estos vehículos, impulsan el proceso de regularización.

De acuerdo con padrón de esta organización, existen alrededor de 250 mil vehículos registrados, más otros 300 mil que se encuentran en otras organizaciones.

Concluyó que el último programa de legalización se realizó en 2008 y podría impulsarse uno en 2019.

Los estatutos de regularización

Una propuesta con organismos empresariales y dependencias estatales para lograr el registro y nacionalización de vehículos importados del extranjero está en marcha en el Estado.

El administrador general de Aduanas, Ricardo Saucedo Peralta, presentó un programa en el que se buscará la regularización de estos vehículos, contemplando elementos como el modelo del vehículo, el impacto ambiental que genera y la forma en la que ingresó al país.

Recalcó que este medio permitirá dar las herramientas en el marco de la ley que lleven a dar una solución definitiva al problema que suscitan estos vehículos. La ley, impulsada por las Cámaras de Diputados y Senadores, también propone el pago del uno por ciento del valor del vehículo, según el denominado Libro Azul y los procesos serán atendidos por el SAT